COSTO DE LA ELECTRICIDAD AGOBIA A LOS ESPAÑOLES.
El día de ayer lunes, el Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, dio marcha atrás, al menos parcialmente, de las medidas adoptadas hace algo más de un mes para atajar el grave problema de la energía en el país, provocado sobre todo por los altísimos precios de la electricidad y el gas.
El gobierno español, respecto de esas medidas, aprobadas en el Congreso de los Diputados hace sólo diez días, que contemplaban la “confiscación” de hasta dos mil 600 millones de euros de los beneficios de las eléctricas por los altos costos de la energía, dijo que finalmente no será así, gracias a la aprobación de un nuevo decreto ley, impulsado hoy mismo en el Consejo de Ministros, con el que se suaviza notablemente la postura contenida en el decreto original.
Con motivo de las subastas del mercado mayorista de la energía, el precio de la electricidad no ha dejado de subir y hoy mismo se pagó a 215 euros el Kilowatio hora (KWh), más de un 400 por ciento más que hace sólo tres años. Si un hogar en España pagaba 100 euros, ahora pagará 4000, por el costo de la electricidad.
El gobierno español de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), reaccionaron de forma tardía, primero en una bajada de los impuestos que recibían por la factura de la luz y después con el decreto ley que impulsaron en septiembre y que culminó su trámite parlamentario hace diez días.
Desde su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 10 de septiembre, la cinco grandes empresas de la energía en España, encabezadas por Iberdrola, iniciaron una ofensiva para evitar la confiscación de sus millones de euros con los que se han visto beneficiados con esas subastas.
Las empresas privadas advirtieron que, si se mantenía el sentido de ese decreto, ellos se replantearían sus inversiones a su futuro -de más de tres mil millones de euros en el mediano plazo-, lo que supondría una paralización de la modernización del sector en su transición hacia un formato más renovable.
Además, utilizaron a uno de sus principales aliados políticos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para advertir que si se mantenía esa política energética no aprobarían el presupuesto y probablemente dejarían caer al gobierno, al depender de sus diputados para sacar adelante sus iniciativas.
Y para abonar más a esa presión de las empresas privadas, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a Londres, para reunirse con el primer ministro, Boris Johnson, quien les anunció todas las facilidades para sus inversiones, mientras que la eléctrica española con sede en Bilbao anunció inversiones en el Reino Unido de más de siete mil millones de euros.
Teresa Ribera, Encargada del área de energía, al ser cuestionada para conocer si finalmente se confiscarían o no esos dos mil 600 millones de beneficios extraordinarios, prefirió explicar así el cambio de escenario: “Queremos ser prudentes en el impacto del cálculo. El objetivo más importante es garantizar precios bajos”.
EL nuevo decreto, que modifica parcialmente al anterior, también tendrá que ser validado en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas, en donde el Ejecutivo no tiene garantizada la mayoría, así que se espera un debate tenso. Mientras el pueblo español es agobiado por las altas facturas de la electricidad.