Por el Mtro. José A. Ordóñez González.
Empieza a circular en las redes sociales la noticia relacionada con la posible judicialización de una carpeta de Investigación instruida por la Fiscalía General de la República, en contra de Enrique Peña Nieto (expresidente de México), Luis Videgaray (Secretario de Hacienda en el gobierno de Peña Nieto) y Ricardo Anaya (ex candidato del PAN a la Presidencia de la Republica), por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lavado de Dinero), Asociación Delictuosa, Cohecho y otros.
La carpeta de Investigación está relacionada con los Sobornos entregados a funcionarios del gobierno y legisladores en México, por la Constructora de origen brasileño “Odebrech”, caso emblemático de corrupción que ha tenido graves repercusiones en otros gobiernos del hemisferio, al procesar por la vía penal a funcionarios de primer nivel y que, en nuestro país, a pesar de existir datos de prueba contundentes, al menos hasta el día de hoy, no prosperaban las indagatorias que la Fiscalía General de la Republica llevaba a cabo al respecto.
En ese expediente se indagan, además los sobornos entregados por funcionarios del gobierno federal a miembros del Congreso de la Unión (senadores y diputados), para que aprobaran “fast track”, la reforma energética impulsada por Peña Nieto.
Las entregas de esas sumas millonarias de dinero, que por orden de Peña Nieto y Luis Videgaray se hicieron en varios frentes, a Legisladores, a diversos personajes de la política nacional y funcionarios de la paraestatal Pemex, representan el grado de corrupción que prevaleció en el gobierno antecesor, que sin guardar discreción y mesura, dejaron huella rastreable para confirmar en este caso los señalamientos que ha hecho en ese sentido Emilio Lozoya, quien fuera el titular de Pemex en la época de Peña Nieto, hoy convertido en el testigo clave de este asunto penoso, para acogerse al beneficio del criterio de oportunidad y no ser encarcelado.
Así, lo AMARGO en este asunto se constriñe a la forma burda con la que llevaron a cabo estos actos de corrupción, porque estos personajes de la política nacional se creían intocables, pensando que jamás les alcanzaría la acción de la justicia.
Y para los mexicanos, esa forma de robar los dineros del presupuesto, de exigir y recibir los sobornos millonarios como una forma sistemática de como las empresas privadas pudieran hacer negocios en México, y como se entregaban los dineros del erario público a nuestros legisladores para que se decanten a favor de reformas estructurales en perjuicio de la nación, nos duele por dos razones:
-La primera porque somos ejemplo de corrupción a nivel mundial; y,
-Por otra parte, porque se demuestra la pérdida de valores ético morales de una sociedad que ve en esos actos de corrupción, la normalidad, con la tolerancia de esos actos deleznables, cuando en otras sociedades o culturas del mundo se castigan este tipo de actos ilícitos, con la muerte o el encarcelamiento perpetuo de los servidores públicos y particulares involucrados.
Claro que en México no se llega a ese extremo, por no comulgar con la pena de muerte y estar prohibida como pena en la Constitución Federal, pero tampoco existen antecedentes de una efectivo y cotidiano combate a la corrupción y a la impunidad.
El gobierno de AMLO al menos envía algunas señales para dejar en claro que va en serio el combate a esos flagelos. Esperamos los mexicanos que no quede lo anterior en buenas intenciones.
Faltan muchos frentes por atender; la Suprema Corte de la Nación, y sus Ministros con salarios de mas de 600 mil pesos mensuales, cuando un empleado percibe menos de 8 mil pesos al mes; el INE, las Aduanas, los Puertos etcétera.
Lo DULCE estriba en las acciones que el gobierno federal esta llevando a cabo en ese sentido, para que los mexicanos recobremos la confianza en nuestras autoridades, al menos a nivel federal, esperando que no queden como simples ejemplificaciones aisladas de una simulación en el combate a la corrupción y la impunidad.
Lo mínimo que esperamos lo mexicanos y que se traduce en un reclamo social, es que al corrupto se le decomisen los bienes y dineros y se devuelva al pueblo lo robado.
¿Cuántos funcionarios actuales provenientes del PRI, PAN, PRD, y del Verde, inclusive de morena, pondrán sus barbas a remojar? Algunos ya incrustados en puestos claves del gobierno federal, con la misma mentalidad de robar a manos llenas y hacerse millonarios al amparo del poder público.
¡Cuidado¡. La cosa va en serio. Y como diría Pedro Ferriz padre: Un mundo nos vigila.
Tenemos a la Unidad de inteligencia Financiera de Santiago Nieto y la Fiscalía General de la Republica, que hacen sinergia efectiva para no perdonar a los corruptos. Al menos eso parece.
Por el bien de todos, que se procese y castigue a los corruptos. He dicho.¡