-EN LAS DESAPARICIONES FORZADAS, COLUDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO.
AGRIDULCE. Expresiones y más.
Por el Mtro. José A. ORDOÑEZ González.
Recientemente el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, al rendir su último estudio e informe al respecto, aseguró que el crimen organizado y los servidores públicos son los responsables del creciente número de desapariciones que hay en México, tras presentar su informe sobre la vista que realizaron a nuestro país en noviembre del año pasado.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), instó al gobierno mexicano a realizar acciones concretas e inmediatas para acabar con la impunidad, así como la creación de una política nacional para prevenir este delito al que calificaron como “tragedia humana”, señalando que más del 94% de estos delitos quedan en completa impunidad. Al no castigarse genera que se multipliquen estos casos graves que atentan contra la libertad y la vida de las personas en México.
En este contexto alarmante, La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos.
Carmen Rosa Villa Quintana, jefe del Comité que visitó México, durante la presentación del informe mencionó que el fenómeno de las desapariciones un fenómeno cohesionado, ya que entre 206 y 2021 hay un crecimiento exponencial del delito de un 98 por ciento, además que dan cuenta de diferentes patrones de desaparición entre servidores y delincuencia organizada.
Es evidente esa coalición de servidores públicos con los grupos de la delincuencia organizada porque nunca se investigan estos delitos, con sus raras excepciones cuando se trata de personas con influencias en el gobierno o por su fama relativa en la sociedad.
En ese informe, se establece que la población mayormente afectada es de jóvenes entre 15 a 40 años, sin embargo, las cifras oficiales notan un aumento notable de niños, niñas y adolescentes desde los 12 años que tienen por objetivo ocultar la trata de personas, abuso sexual, feminicidio, explotación sexual y la venta ilegal de órganos.
Otro rubro que preocupa, según este informe, es la desaparición de defensores de derechos humanos en su proceso de búsqueda, además de la desaparición de periodistas, no ha habido sanciones a los responsables. Al no castigarse estos delitos, se genera mayor impunidad.
Otros sectores de la población en relación a estos delitos, son los indígenas y la comunidad Lésbico-Gay, como si se tratara de un proceso de limpieza social.
En el contexto de la migración, condenaron las desapariciones que hay en el país de personas en contexto de movilidad humana, ya que existen evidencias con las que se establecen que los criminales usan los teléfonos de los migrantes muertos, para llamar y cobrar rescates, aparte de que hay una práctica de abandono de extranjeros en lugares desconocidos y sin recursos.
Cabe señalar que en ese informe se señala lo que muchos mexicanos hemos constatado, que en otras partes del país como en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, reportan desapariciones de choferes y sus acompañantes, otras son por temas relacionadas a tráfico de combustible y en centros de internamiento de adicciones.
Otro punto que refiere ese informe, es la preocupación de la ONU en torno al riesgo de las mujeres en este contexto de violencia.
El Comité de la ONU abunda al respecto, señalando la existencia de una impunidad es un rasgo estructural “casi absoluto” ya que las autoridades cubren todo rastro de desaparición de personas, aparte que esta opera como factor de revictimización y no permite que se ataque el delito.
Como un dato relevante señalan que, hasta el 26 de noviembre de 2021, solo el 6%-seis por ciento de casos de desaparición habían sido judicializados y, solo se han emitido 36 sentencias a nivel nacional. Lo que establece un grado de impunidad de mas del 94%-noventa y cuatro por ciento.
Sin duda alguna que la actitud pasiva de las autoridades que están obligadas por ley a actuar e investigar las desapariciones, contribuye a la desconfianza de las personas, por ello hay un alto número de denuncias que no se realizan. Es decir, tenemos que agregar al grave problema de la impunidad, el universo de desapariciones de personas, cuyos casos no son denunciados.
Por si fuera poco, en ese informe del Comité de la ONU, se detalla la existencia de una evidente crisis forense, puesto que aún existen cerca de 52 mil personas no han sido identificadas y los servicios forenses son insuficientes, aparte que los instrumentos y políticas de identificación humana no son las adecuadas y suficientes para avanzar en la problemática que se genera con estos delitos.
La crisis se da por la incapacidad de responder a la gran cantidad de cuerpos y restos humanos que hay en los servicios médicos forenses y falta de actuación de las autoridades.
A mis cinco lectores les digo que es necesario tomar en cuenta los criterios de responsabilidad de los funcionarios, castigar su participación en estos hechos, sea directa o por misión o negligencia para que, los mexicanos veamos que se avanza en contra de la impunidad.
AGRIDULCE resulta entender lo que al respecto dice Eduardo Galeano: “La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo”.
Esta en nosotros los mexicanos el poder para cambiar las cosas; llegó la hora de exigir a las autoridades que investiguen y castigan cada uno de los casos de desaparición forzada de personas. Ya basta de tan lacerante impunidad. ¡HE DICHO ¡