GABRIELA CONTINÚA PRESA AUN CUANDO LA SCJN DESPENALIZÓ EL ABORTO.

EL ABORTO DE GABRIELA QUE NO PROTEGE LA SUPREMA CORTE MEXICANA. FUE ACUSADA DE HOMICIDIO.

En México, muchas mujeres son procesadas por el delito de homicidio culposo, por lo que no pueden ampararse en la resolución reciente de la SCJN que declara inconstitucional penalizar por interrumpir el embarazo.

La historia de Gabriela viene a colación en virtud que tuvo un aborto espontáneo cuando apenas tenía 17 años, no sabía que estaba embarazada y se asustó terriblemente.

Se desmayó y con el golpe de la caída rompió la puerta del baño de su escuela preparatoria. Ahí tirada la encontraron unos compañeros.
Lo siguiente fue una citación del Ministerio Público de Yucatán: Gabriela, se enfrentaba al cargo de homicidio en grado de parentesco, la acusan de haber matado al bebé.

El caso no es único, un gran número de mexicanas que abortaron en el último trimestre de gestación son juzgadas por este delito.

En una resolución histórica, la Suprema Corte declaró en septiembre inconstitucional castigar a una mujer por interrumpir su embarazo.

Sin embargo, sobre estas mujeres —que en muchos casos sufrieron abortos involuntarios o partos prematuros— pesa una imputación por homicidio que las deja desprotegidas. Ellas son el hueco, el punto ciego, de la despenalización del aborto en México. Una laguna jurídica que e impide salir de prisión.

Esa mañana, recuerda Gabriela, había llevado unas naranjas para poner en el altar de su escuela de Mérida, en el Estado de Yucatán, porque era 31 de octubre y se celebraba el Día de Muertos.

Iba en el camino con un dolor en el vientre que empeoraba a cada rato, era de verdad, dice, terrible. En ese baño de la preparatoria —pequeñísimo, en el que con trabajo entraba también su mochila escolar— empezó a sangrar entre las piernas, trató de secarse, el dolor lo ocupó todo. Arrojó el cuerpo sin vida de un neonato de 39 semanas y después colapsó.

Del baño la recogieron en una silla de ruedas y lo primero fue llevarla a la dirección de la escuela: ¿qué había tomado para provocarse el aborto?, le preguntaron.

Fueron a revisar el baño en busca de pruebas. Gabriela, prácticamente inconsciente, esperó. Llegó la ambulancia y un paramédico convenció a los que ahí estaban, ahí la miraban y rodeaban, de que había que llevarla corriendo a un centro médico, estaba desgarrada, se desangraba, iba a entrar en choque. Y eso hicieron.

Estuvo 15 días ingresada en el hospital. Ahí acudieron los primeros agentes de policía a investigar lo sucedido.

Es menester recordar que el aborto es ilegal en México, excepto en cuatro Estados: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo permiten la interrupción voluntaria del embarazado hasta la semana 12 de gestación.

También está permitido en todo el país en caso de violación. Hay otras causas, peligro para la madre o malformaciones en el feto, que se contemplan en algunas entidades, no en todas y no siempre. Las penas por aborto van desde 15 días a seis años.

El 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió por unanimidad despenalizar el aborto en el país.

Al respecto el Presidente de ese Órgano Constitucional, el Ministro Arturo Zaldívar expreso: “A partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal”. Se trata, añadió, de una nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto y un gran paso en la lucha histórica por la igualdad.

Corresponde ahora a los Congresos estatales aprobar la legalización, esta resolución sienta un precedente para todo el país.

Con la decisión de la Suprema Corte en este tema, se destierra la posibilidad de que una mujer vaya a la cárcel por el delito de aborto, y las que están en prisión por ese cargo pueden pedir un amparo.

Pero ¿qué ocurre con aquellas que están privadas de la libertad tras un aborto pero que fueron acusadas de otro delito?

Muchas de las mujeres que voluntaria o involuntariamente abortaron, están retenidas o privadas de su libertad acusadas de otros ilícitos, en la mayoría de los casos es por homicidio culposo en grado de parentesco, pero hay otros.

Se tendría que revisar expediente por expediente, para que ess mujeres presas se beneficien con la postura de la SCJN respecto del aborto.

El propio alto tribunal reconoció qué no conocen el número exacto de mujeres que hay en la cárcel por abortar por los múltiples cargos por los que están presas. El trabajo es hora para las Fiscalías estatales.

Después de más de Dos años después, Gabriela recuerda ese día tranquila pero agotada, en una videollamada acompañada de su abogada. Juntas, afrontan un proceso penal que amenaza con llevar a la joven durante cinco años a una cárcel, en principio, de menores. La defensora ha preparado la estrategia judicial que trata de desmontar la acusación de que ella mató al bebé.

Y para abonar más evidencias, el fiscal especializado en justicia de adolescentes, en el caso de Gabriela, incluyó en su escrito que ella ocultó el embarazo, lo que demuestra que con “premeditación y ventaja” cometió el homicidio, porque tenía la idea de deshacerse de él.

Así las cosas, para la Defensa existen elementos para demostrar que no fue un homicidio, fue un aborto fortuito o parto prematuro, sin posibilidad de que el producto fuera viable, incluso así consta en el parte médico. Otra de las opciones que mantiene la defensa en este tipo de casos es tratar de reclasificar el delito, de homicidio a aborto, porque este ya no puede ser condenado.
La Fiscalía llamo a declarar a toda la familia de Gabriela: desde su abuela hasta su hermano de 14 años; buscaban que alguno hablara, reconociera, que ella escondió el embarazo y decidió interrumpirlo en la semana 39 de gestación.

Por su parte Gabriela argumenta que ella no sabía nada, su vida la hacía normal, cargaba incluso cosas pesadas y, señalo que tuvo su período y pensó que todo estaba bien.

La menor Gabriela es afortunada, porque cuenta con el apoyo de su familia y de sus amigos, con una representación legal apropiada.

La abogada defensora, recuerda otro caso al que no llegaron a tiempo también en Yucatán; una joven indígena perdió a su bebé en un aborto involuntario en los baños públicos del servicio médico, venía de una familia sin recursos, de una pequeña comunidad maya. Estuvo 30 días en una cárcel de menores, le ofrecieron un juicio abreviado en el que aceptaba su culpabilidad en el delito de homicidio a cambio de no volver a prisión. Lo hizo sin dudar. Igual no lo sabía, se sentía mal, fue al baño, lo expulsa y le dicen que ella lo ocultó y lo mató.

El proceso para Gabriela ha sido duro, pero ella, que tiene ya pronto cumplirá los 18 años, por lo que trata de seguir construyendo su vida.

Está a mitad de camino de convertirse en maestra y refiere que no se estancara, no quiere quedar encerrada en ese capítulo difícil y triste de su vida.

Cuantas mujeres están en circunstancias similares a las de Gabriela, y continúan presas no obstante la despenalización del aborto que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras las injusticias prevalecen desde las dos ópticas que conlleva el tema del aborto.