La denuncia presentada por la Unión Nacional de Padres de Familia en Tamaulipas fue desechada; anuncian que acudirán a otras instancia judiciales.
Un juez desechó la demanda de amparo que había presentado la Unión Nacional de Padres de Familia en Tamaulipas para frenar la distribución y el uso de los nuevos libros de texto.
El recurso había sido interpuesto ante el Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Tampico, bajo el número 887/2023, y ayer finalmente fue publicado el desechamiento “de plano”.
Ahora, la UNPF en Tamaulipas recurrirá a un Tribunal Colegiado de Victoria, y en caso de que vuelva a desecharse, acudirían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A pesar de este revés, los integrantes de este organismo que buscan impedir que se empleen los nuevos libros de texto, confían en que la demanda de amparo presentada a nivel nacional sí les favorezca.
El miércoles, dijeron que de llegarse a repartir los libros, recomendó a los padres de familia que no los acepten y si lo desean, que los revisen para ver los contenidos para luego regresarlos.
Por su parte, el presidente de la Coparmex Tampico hizo un llamado al gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública para que respeten el estado de derecho y el proceso que establece la ley para la elaboración de esos materiales.
El pasado 8 de agosto, una jueza federal notificó que la SEP no había acreditado que los libros de texto gratuito fueran elaborados con base en los programas y planes de estudio previamente aprobados para el nuevo ciclo escolar.
Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, acordó lo anterior tras revisar los reportes que le fueron entregadas por las autoridades educativas.
Desde mayo pasado la juez Medina había otorgado a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) una suspensión provisional para que la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) justificaran que habían cumplido con las disposiciones legales en la elaboración de los libros de texto.
Tras aquella resolución, las instituciones educativas entregaron los documentos para intentar acreditar el cumplimiento a la suspensión que ordenó someter el rediseño de los libros de texto a consultas previas y otros requerimientos legales.
“No acreditaron (los programas de estudios), ni cómo implementaron los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros de texto se realice conforme a los programas y planes con las formalidades legales respectivas, para el ciclo 2023-2024”, resolvió Medina.