Activistas demandan reconocer la gravedad de la violencia generalizada en Chiapas y la implicación del crimen organizado en las redes de tráfico de personas
Los primeros días de la Presidencia de Claudia Sheinbaum quedaron empañados por los militares que mataron a seis migrantes de Egipto, El Salvador y Perú en la frontera sur de México, lo que refleja las polémicas políticas de militarización y migración del país.
La masacre fue el martes, el primer día del mandato de Sheinbaum, en Chiapas, donde activistas y migrantes expresaron a EFE que temen la continuidad de la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien desplegó a 36 mil soldados para tareas migratorias.
Los militares involucrados, ahora a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), patrullaban en medio de la pugna de los cárteles del narcotráfico para controlar el flujo de personas y drogas del límite de México con Centroamérica.
Por ello, Enrique Vidal Olascoaga, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula, demandó reconocer la gravedad de la violencia generalizada en Chiapas y la implicación del crimen organizado en estas redes de tráfico de personas.
Y, por otro lado, señaló que debe implementarse una política migratoria basada en la protección efectiva de las personas, no solo en el discurso.
“Se necesita un enfoque que combata realmente la corrupción y la impunidad que en los últimos seis años no se ha logrado combatir dentro del Instituto Nacional de Migración (INM) y que, desgraciadamente, ya afectó y también ya contaminó a la Guardia Nacional”, manifestó en una entrevista.
Sheinbaum, entre derechos humanos y militarización
La presidenta afirmó que el Ejército denunció a los soldados que dispararon, pero también ha defendido que las Fuerzas Armadas respetan los derechos humanos y reconoció que hay una estrategia para frenar la llegada de migrantes en México y evitar su cruce hacia Estados Unidos.
“Lo que está siempre al frente es el respeto a los derechos humanos”, sostuvo la mandataria.
Héctor Martín Méndez Estrada, representante del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos en Tapachula, cuestionó que el Gobierno aún no aclare los detalles de los disparos del Ejército.
“La realidad es que tienen que tener mucha capacitación en el tema y sus protocolos tienen que asentarlos perfectamente bien, en este caso hablo de protocolos y, desgraciadamente, es complicado, qué protocolos usar, pues hay armas. ¿Cuándo, cómo, por qué y hasta dónde usarlas?”, señaló a EFE.
Migrantes con miedo
La detención diaria de migrantes en la frontera de Estados Unidos ha caído un 66 por ciento de diciembre a septiembre, según el Gobierno mexicano, pero la migración irregular a través de México se elevó un 193 por ciento interanual en la primera mitad del año hasta superar las 712 mil personas, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria.
José, un venezolano varado en Tapachula, reconoció que tienen miedo de hacer la travesía para cruzar territorio mexicano.
“Si ellos van a estar en el camino (los soldados), hago un llamado que no sea de violencia, porque nosotros no vamos con algún tipo de arma, ni nada, solo vamos a caminar, le hago el llamado a ellos que nos apoyen, que nos dejen subir, que nos vayan apoyando en el camino en cuestión de vigilancia, pero no con plomo”, expresó a EFE.
Leobal Vélez Monteoca, de Ecuador, denunció que en México enfrentan muchos riesgos, pero la desesperación que hay en sus países por la falta de empleo los obliga a migrar.
“De aquí me voy legal, si es que me sale la cita de ‘CBP One’ (la aplicación para pedir asilo en EE.UU.), yo me iré. Mientras tanto, ilegal no me puedo ir, ni con coyote (traficante), ni a pie. Respeto a las personas que se van a ir de aquí, (pero) trato de buscar todas las medidas legales, prefiero salvaguardar mi vida”, narró.