-TAMAULIPAS, SEGUNDO LUGAR EN DESAPARICIONES FORZADAS A NIVEL NACIONAL.
México superó la cifra de 100 mil personas que han sido reportadas como ausentes, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
De esa cifra terrible, el estado de Jalisco tiene el penoso primer lugar en desapariciones forzadas de personas con 14, 951.
Tamaulipas ocupa el segundo sitio con 11, 971 personas desaparecidas, con todo y que el gobierno estatal actual diga que en la entidad existe paz y seguridad pública.
De acuerdo con los datos estadísticos recabados e integrados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, desde el 15 de marzo de 1964 hasta el corte de esta edición ya sumaban 100 mil ocho personas reportadas como desaparecidas y no localizadas.
Por sexo, especifica que 74 mil 729 son hombres, lo que representa 74.7 por ciento del total; y 24 mil 763, mujeres, es decir, 24.7 por ciento, mientras que en 516 casos no se ha determinado esta condición. Respecto al grupo de edad, destaca que la población entre 20 y 29 años es la que concentra más reportes, pues suma 26 mil 573 expedientes.
El registro recaba información desde hace más de cinco décadas y, se aprecia que la tendencia al alza de este fenómeno comenzó en el 2006, el primer año del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.
Desde el 1 de diciembre de ese año, día en el que asumió el cargo como Presidente de la República, hasta ayer, suman 83 mil 515 personas desaparecidas y no localizadas en el país, lo que indica que los últimos 16 años, de 58 que considera el registro, concentran el 83.5 por ciento de las desapariciones en todo el país.
Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y quien lleva poco más de seis años intentando saber algo acerca de sus dos hijos, afirma que hay un subregistro, pues, así como existen familiares que han dejado todo por dar con sus desaparecidos, también hay quienes no presentaron una denuncia por miedo a las represalias de la delincuencia o la inefectividad de las autoridades.
“Lamentablemente, nada más es lo que ellos tienen, no hay más de las personas que están desaparecidas y que las familias, lamentablemente, no las han reportado por miedo, por la inseguridad o comodidad. Sabemos que son más de 100 mil los desaparecidos del país y ni 10 mil son buscados”, aseguró a La Razón.
A la tragedia de no saber qué fue de un familiar, afirma Cecilia, las madres, padres, hermanos y amigos se enfrentan diariamente con la apatía, la burocracia, la insensibilidad, la impunidad por parte de las autoridades.
Siempre poniendo obstáculos, diciéndole a las familias que no se arrimen a los colectivos integrados por familiares de las víctimas, porque las madres buscadoras solo entorpecen las investigaciones, cuando son las autoridades quienes no hacen indagatorias, no hacen búsquedas, que según es su trabajo y por el cual ganan mucho dinero, y son las madres las que terminamos buscando a los desaparecidos.
La sociedad civil empieza a exigir a los fiscales, policías, jueces cumplir con las responsabilidades que el cargo que asumieron les demanda.
A pesar de que el país superó 100 mil desapariciones, en el Congreso de sólo se ha aprobado una de las 27 iniciativas que fueron presentadas en la presente legislatura, que hay en el Sistema de Información Legislativa para atacar el problema.
La única aprobada es la que permitió crear el Centro de Identificación Humana, que busca ser respuesta para avanzar en la identificación de los más de 52 mil cuerpos que siguen anónimos en los servicios médicos forenses, panteones y fosas del país.
Sin embargo, quedan pendientes las propuestas como la creación del Mecanismo de Protección para Familiares y Personas Involucradas en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, ante la ola de persecución que hay por grupos del crimen organizado.
También está archivado un planteamiento para tipificar el delito de reclutamiento forzado, como una modalidad de la desaparición de personas; además, impulsar la búsqueda inmediata por desaparición o no localización de una mujer, niña o adolescente, a través de la difusión de mensajes instantáneos y alertas denominadas alerta de rescate de adulto coordinado.
Falta integrar el protocolo Alba al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, facultar a la Secretaría de Gobernación para ordenar la transmisión de alertas de desaparición, y establecer que la búsqueda de las personas desaparecidas no podrá concluir, por parte de las autoridades, hasta en tanto no exista certeza sobre la suerte o paradero de las mismas, entre otras iniciativas.
El Alto Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, llamó a las autoridades mexicanas a redoblar esfuerzos para evitar que siga creciendo la cifra de desaparecidos -ya son más de 100 mil desde 1964- y lamentó, entre otras cosas, la asombrosa tasa de impunidad que aún persiste frente a este tipo de casos.
El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones, por lo que no se deben escatimar esfuerzos para poner fin a estos casos, amén del derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Solo 35 de las desapariciones reportadas terminaron en un juicio condenatorio, ante la falta de investigaciones efectivas.
Esta impunidad deja solas a las familias, obligadas también a cargar con los esfuerzos de intentar esclarecer lo ocurrido.
Según la base de datos, alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas documentadas son mujeres, mientras que alrededor de una quinta parte tenían menos de 18 años en el momento de su desaparición.
Las familias han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México.
Más del 97 por ciento de las desapariciones cuya fecha se conoce ocurrieron después de diciembre de 2006, cuando México hizo la transición a un modelo militarizado de seguridad pública.
México, recientemente creó el Centro Nacional de Identificación Humana, esperando con ello allanar el camino para prevenir futuras desapariciones y depurar responsabilidades por las ya existentes.
Nuestro país requiere aplicar las recomendaciones del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y todos los aspectos de la Ley General de Desapariciones, entre los que figuran la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.